Cuando Alan Garcia, presidente en la época de la brutal represalia del ejercito peruano en Cayara, responda ante un tribunal sobre las implicaciones en la matanza de Cayara podrá presentarse de forma digna y transparante a unas elecciones.
La Justicia de Perú lleva 18 años de retraso a causa de los encubrimientos políticos y militares cuando las victimas de Cayara ya son pasto de los gusanos.